La antítesis de la corrupción es liberación

¿Qué son los derechos humanos y cómo se han originado? – ¿Qué es la corrupción? – La visión de Estado, determinador de la corrupción – Antítesis de la corrupción

Desde que se publicaron las reformas constitucionales, en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2011 –decreto por el que se modificaron los artículos 94, 103, 104 y 107 constitucionales– y el 10 de junio del mismo año –decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–,  la controversia sobre la extensión de lo que son los derechos humanos y  su debida protección ha sido una polémica interminable. Se habla sobre derechos humanos, derechos constitucionalizados, garantías individuales, derechos fundamentales, como sinónimos; también nos referimos al juicio de amparo, juicio de garantías, juicio de derechos humanos, juicio de derechos fundamentales, para referirnos al medio protector de esos derechos.

Resuenan entre el pópulo diferentes voces que alegan que las violaciones a los derechos humanos son consecuencia de la corrupción, la impunidad y la mala administración. La cuestión debe comenzar por una homogeneidad en los términos ¿qué son los derechos humanos? ¿qué es la corrupción? ¿nuestro sistema jurídico protege todos los derechos humanos? ¿cómo es que nuestro sistema jurídico protege los derechos humanos? ¿la impunidad produce corrupción o es acaso lo contrario, o quizá actúan simultáneamente?  Trataremos de dar respuesta a estas preguntas a lo largo de este trabajo.

¿Qué son los derechos humanos y cómo se han originado? 

Tenemos percepciones ius naturalistas, eclesiásticas y de derechos fundamentales que tratan de explicar este nóumeno. En las Institutas de Justiniano, lo que se consideraba derecho natural no actuaba en un plano de igualdad humana, sino que iba más allá. “[…] aquel que la naturaleza enseña a todos los animales. Este derecho no es especial del linaje humano, sino común a todos los animales que nacen en el cielo, en la tierra, y en el mar” (Beltrones, 2016, p. 14).  En la Iglesia tampoco pueden tener sus albores, pues la misma Iglesia atacaba a los socialistas cundo decían que “todos somos iguales”(Beltrones, 2016). En la Constitución germánica de 1849 se comienza a hablar de los Grundrechte (Derechos Fundamentales) y hay que distinguirlos de los Menschenrechte (Derechos Humanos); más adelante comentaremos más sobre estos en particular.

Los derechos humanos comienzan a vislumbrarse en el siglo XX con las manifestaciones de Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela (Beltrones, 2016). El 10 de diciembre de 1948 oficialmente nacen los Derechos Humanos Universales.

Durante un tiempo se dio predominio a las garantías individuales sobre los derechos humanos. Esto comenzó por la distinción que se hizo en Alemania, en este lugar se pensaba que era un error hablar de un término tan amplio y confuso como el de derechos (Recht), que era preferible hablar de leyes civiles (Gesetz). Los filósofos alemanes pregonaban el riguroso seguimiento a la ley (Gesetz), George Jellinek, Leon Duguit, fueron algunos ejemplos prominentes. Estos personajes tuvieron alta influencia doctrinal en nuestro país así como en América, esta fue una de las razones por las que nuestro sistema jurídico habló de garantías legales y no de Derechos de los ciudadanos en la Constitución de 1917. Después de los acontecimientos derivados del holocausto y la Segunda Guerra Mundial, importantes filósofos y juristas como Gustav Radbruch y Hans Kelsen distinguieron, el primero, al derecho como una voluntad de la justicia y la ley como un poder ciego; el segundo, realizó un análisis sobre la justicia en su libro  ¿qué es la justicia? (Beltrones, 2016).

Los derechos humanos, entonces, son diferentes de las garantías legales, y también lo son de los derechos fundamentales. “La literatura constitucional en lengua castellana refiere los ‘derechos fundamentales’ por evidente influencia de la Constitución española de 1978 y la doctrina que la explica…” (Ferrer Mac-Gregor, 2014, p. 3). La Constitución Española se basa, a su vez, en la alemana de 1948, sobre los Grundrechte. 

Los  derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados  (Carbonell, 2006). Sean de fuente nacional o internacional –refiriéndonos a la remisión al Derecho Internacional que hace el artículo 1º constitucional–, todo derecho humano constitucionalizado, será derecho fundamental. El medio por el que se protege a esos derechos fundamentales es el “juicio de derechos fundamentales” conocido tradicionalmente como “juicio de amparo”.

¿Qué es la corrupción?

La palabra corrupción proviene del latín Corrompere cuyo significado envuelve los términos alterar, trastocar la forma de una cosa, en segunda acepción significa echar a perder, dañas depravar o pudrir (Reyes Heroles, 2003).

Significado similar le atribuye el maestro GONZÁLEZ LLACA, quien dice que la corrupción “puede significar la transformación del estado natural de una cosa o sustancia por putrefacción o  descomposición[…] Corromper significa alterar y trastocar la forma de alguna cosa […] sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera; pervertir o seducir a una mujer; estragar, viciar; degradar las costumbres, el habla, la literatura; incomodar, fastidiar, irritar”  (2005, p. 48,49).

El mismo autor da su propia definición de corrupción, definiéndola como “la acción u omisión de un servidor público o de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público y/o de la entidad privada en la que labora”  (González Llaca, 2005, p. 53).

Con estas definiciones podríamos pensar que todos en algún momento hemos actuado de forma corrupta, pues hemos abusado del poder para favorecer nuestros intereses a cambio de una recompensa y con ello provocando un daño; hemos depravado, alterado, trastocado el sistema. Sin embargo, la cuestión radica en la finalidad de los intereses que tenemos como sociedad y el sistema en el que vivimos, lo cual me lleva a las siguientes cuestiones ¿el sistema realmente vela por mis intereses como gobernado? ¿los ideales de libertad, propiedad y seguridad –que han sido arraigados desde las comunidades más remotas– se respetan? y más importante ¿el sistema los contempla, o es solo un conjunto de disposiciones que nunca tendrán materialización en la realidad? Hablamos de un problema tanto de políticas y visión de Estado, como legislativo, como de positivización del derecho. El Estado debe ver por los fines de las personas que lo integran y debe velar porque las consecuciones de ellos se logren, teniendo siempre a la dignidad humana como el centro.

La visión de Estado, determinador de la corrupción

Las ideas que a continuación expondré se basan en las siguientes premisas: 1. La visión de Estado debe ser la guía para la administración de este; esa visión debe tener como objetivo un solo fin: el bienestar de la sociedad; 2. Si la visión de Estado no ve por los intereses de la sociedad, esa visión es una visión corrupta; 3. Si los miembros de un Estado actúan en contra del sistema corrupto –porque este no ve por los intereses de la sociedad–, buscando la libertad ,para la consecución de su teleología, entonces los actos que aquellos lleven a cabo no son corruptos, al contrario, son actos liberatorios.

Para poder decir que “la corrupción es el mal que genera el nivel de vida que sufre un Estado”, debemos tener una base conceptual sobre la cual nos podamos guiar. Esa plataforma que permite distinguir una conducta corrupta de una que no lo es, es la visión de Estado. Si la visión de Estado vela por: un próspero desarrollo económico, respeto a los derechos humanos, igualdad entre los diferentes grupos sociales, acceso a la educación de calidad, seguridad pública, punibilidad de los delitos, entre otras cosas; entonces podemos decir que todo acto que sea opuesto a la consecución de esos fines es un acto que corrompe la visión de Estado. Incluso, si la visión de Estado no persigue los fines descritos anteriormente, sino persigue fines completamente opuestos, o simplemente diferentes por ser contrarios, como: una educación basada en el entrenamiento armado para toda la población, una economía controlada por el estado en su totalidad, restricción a los medios de comunicación y a la información, etc., al igual que en el primer caso, un acto contrario a esa visión de estado, será considerado un acto corrupto.

Es la visión de Estado la que nos dará la pauta para determinar lo que puede o no ser jurídicamente considerado un acto conforme a derecho o un acto corrupto. Esa visión de estado se refleja en los ordenamientos normativos, por antonomasia es la Constitución; pero también podemos hablar de una pauta que no sea normativa, sino una pauta basada en los hechos y en el sentir humano, entonces hablaríamos de pautas normativas y de pautas fácticas. No siempre el ordenamiento normativo refleja el sentir humano de la sociedad; en ocasiones el detentador del poder impone, por la vía de la legalidad, las normas que le beneficiaran a este, sin importar el detrimento de la población en general.

El sistema normativo existe para satisfacer las necesidades de la población, por eso se dice que crea un orden, así desde los albores del derecho se habla sobre una primera idea, que significó en sus raíces una norma de conducta –la cual era no alejarse del grupo para conseguir la supervivencia–  esa norma de conducta fue entendida por esos grupos y pudieron satisfacer su necesidad de “seguridad” para lograr la supervivencia (Dávalos, 2014).  De la misma manera, en la actualidad el ser humano busca satisfacer sus necesidades, es por eso que se mueve por incentivos (Mankiv, 2015).

La voluntad de los miembros de un grupo se une para concebir un poder, denominado soberanía. Este poder, que se deposita en un grupo de personas, da lugar a la creación de un ordenamiento jurídico de carácter supremo y a organismos de poder que conforman la estructura del Estado. Es evidente que la voluntad de los fundadores de ese poder soberano se dirige a determinados fines, estos fines son los que deben ser respetados pues reflejan la verdadera voluntad del pueblo, sin importar el carácter moral que se les pudiera atribuir, pues no estamos juzgando el contenido de esa voluntad, sino simplemente la forma que advierte. Esa voluntad formada, en su expresión más pura –que puede revestir cualquier contenido– siempre se ve trastocada, decir lo contrario sería asimilar una fantasía como realidad que nunca se va a materializar. La razón de esto, no es otra sino el impulso que tiene el ser humano a satisfacer sus necesidades. Reiteramos, son los incentivos los que mueven a la persona. Entonces ¿nunca podremos, como integrantes de un grupo, alcanzar nuestras determinaciones pues siempre habrá alguien que descomponga la voluntad general, esa voluntad soberana?  Para responder a esa pregunta, me gustaría apoyarme las palabras de Adam Smith (2016)“…El hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla solo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. Quien propone a otro un trato le esta haciendo una de esas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas” (p.8).  En este sentido, en todas las grandes agrupaciones de personas, donde sea necesario un representante, se deberá dar un incentivo a este para que actúe conforme a los intereses de los gobernados y no conforme a los intereses propios; lograr eso implica, además de los incentivos, una serie de limitaciones en su actuación, así como medios de represión ante conductas contrarias a la voluntad representada. No es aquí el lugar para determinar qué forma de gobierno y de Estado es la que mejor conviene; sin embargo le dejo la reflexión al lector para que advierta que la forma que se decida tiene importantes consecuencias en cuanto al efectivo cumplimiento de la voluntad soberana; después de todo recordemos que la forma que revistan el Estado y el gobierno son el continente de lo que contienen, que es: el poder, el poder que la voluntad soberana ha decidido otorgar. Sea una anarquía o un despotismo, el derecho siempre debe actuar como punto medio de control al poder ilimitado del hombre (Bodenheimer, 1994).

Es a la voluntad soberana a la que el ordenamiento normativo supremo debe ajustarse, o mejor dicho, el ordenamiento normativo supremo debe reflejar esa voluntad soberana pues ese ordenamiento no es otra cosa sino la materialización de esa voluntad en un texto. La autoridad debe respetar ese poder, pues en sentido restringido, los funcionarios públicos solo son representantes de esa voluntad soberana.

La antítesis de la corrupción

¿Qué sucede cuando la voluntad soberana (la visión de Estado) ya no se refleja en el texto normativo supremo? Observo dos escenarios: En el primero el texto fundamental ya no refleja la voluntad de la sociedad que lo constituyó, porque han surgido nuevas generaciones que tienen nuevas demandas; en todo caso, el texto fundamental debe reformarse para reflejar la voluntad soberana. En el segundo escenario, la voluntad soberana sigue siendo la misma –sea que se conserve la generación que dio origen al texto normativo fundamental, sea que se trate de nuevas generaciones–; sin embargo se reforma el ordenamiento normativo fundamental u otras leyes, dejando de reflejar la verdadera voluntad de la sociedad.

En ambos escenarios observamos que el texto fundamental no refleja al voluntad soberana, bien porque esta ha cambiado, bien porque la autoridad lo modificó sin consentimiento de la voluntad general.

Hemos mencionado que la visión de Estado se refleja en los ordenamientos jurídicos; sin embargo también reconocemos que esos ordenamientos se deben basar en el sentir humano (pautas fácticas). Si el ordenamiento normativo ya no refleja el sentir humano de la sociedad que le dio vida a aquel, entonces, la ruptura de ese ordenamiento –su quebrantamiento, violación, etc.–, a pesar de ser considerado un acto corrupto (formalmente hablando), pues va en contra del ordenamiento jurídico fundamental, no debe considerarse materialmente un acto corrupto, pues a pesar de que se está trastocando el ordenamiento jurídico fundamental, no se violenta el sentir humano; recordemos que el derecho no es un fin, sino un medio para lograr que las personas cumplan sus determinaciones. Lo anterior en virtud de que las normas existen para dar seguridad a las personas y lo ideal es que se cumplan espontáneamente –al menos esa es la regla general, pues la voluntad soberana fue quien convino en imponerse ciertas limitaciones– y por excepción utilizar la fuerza coercible del Estado para corregir a lo individuos que vayan en contra de la voluntad soberana.

En el primer escenario mencionado, la voluntad soberana puede promover iniciativas de  leyes, por propio mandato del texto fundamental (al menos en nuestro sistema jurídico, como se desprende del artículo 71 C.); sin embargo el hecho de que se promueva una iniciativa, no quiere decir que será aprobada ni promulgada; es la autoridad quien decidirá la aprobación o desechamiento de la iniciativa.

En cuanto al segundo de lo escenarios mencionados, la voluntad soberana actúa en contra de tales reformas realizadas por los detentores del poder, por medio de las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de derechos fundamentales y las controversias constitucionales. Estos medios de control constitucional que se han creado para que la voluntad soberana no sea trastocada; sin embargo, no es la voluntad soberana quien decide sobre la procedencia o improcedencia de tales medios de control, sino que es la misma autoridad quien lo hace, dejando a la voluntad soberana en estado de indefensión. Lo que se pensó como una idea para traer la justicia ahora se vuelve un medio del que abusan los detentores del poder para resolver los asuntos a su favor, causado un perjuicio a la generalidad de la sociedad.

“El fin del Estado ha de referirse a todos los seres que lo integran, es decir, que hay un fin que es común a toda comunidad… La idea de bien común emana de la misma comunidad y se instituye para su propio beneficio, expresando una misión propia por la cual existe, se manifiesta y se proyecta”(Serra Rojas, 2014, p. 348,349). Si el ordenamiento jurídico fundamental no observa el bien común que la comunidad demanda, es natural que esta comience a actuar conforme a sus propias determinaciones para poder satisfacer sus necesidades, esos actos aunque pueden no considerarse legales y más aún se consideren formalmente corruptos por ir en contra del sistema normativo vigente, no son materialmente corruptos, pues la voluntad soberana no se siente conforme con los imperativos que se le quieren hacer acatar. Es en este punto cuando un acto corrupto (formalmente hablando) se vuelve liberación para el pueblo. Esta es la antítesis de la corrupción; en ella no se ve a ésta como un medio degenerativo que cause un perjuicio, sino como un medio degenerativo del propio sistema trastocado y es entonces cuando decimos que la corrupción del sistema corrompido es liberación, intentando decir que se vuelve al orden, es decir, que la voluntad soberana nuevamente gobierna, en otras palabras: la visión de Estado (basada en pautas fácticas) se recupera y vuelve a reflejarse en el ordenamiento jurídico fundamental.

No podemos juzgar de corrupto un acto si no se conoce la voluntad soberana. En muchos casos se trata de dar un matiz moral a los actos y se presupone que cualquier acto contrario a la moral es un acto corrupto, cuando realmente son los actos que son contrarios a la voluntad soberana los que deben considerarse corruptos, independientemente del contenido moral o no de la visión de Estado que genere la sociedad que ha conformado la voluntad soberana.

Por lo anteriormente expuesto es menester que se distingan los actos corruptos conforme al sistema jurídico que se tiene en cada Estado, así como a la época a la cual se refieren. Un sistema jurídico puede tener violaciones a Derechos Humanos que hoy en día serían censurables, por ejemplo: la esclavitud en Roma; pero si la voluntad soberana ha decidido legalizar la esclavitud, pues la consideran un medio necesario para la satisfacción de sus necesidades, entonces todo acto encaminado a prohibir la esclavitud sería un acto corrupto, pues se estaría trastocando la voluntad soberana. Otro ejemplo más: La imposición de la religión católica para los habitantes del nuevo continente durante la época de la colonia; cualquier acto tendiente a evitar la imposición de la religión católica o a promover una diferente, era un acto corrupto. Para abundar en ejemplos y por último: Los eventos ocurridos durante el holocausto en Alemania; la exterminación de la raza judía era legal pues la voluntad soberana la consideraba un gen recesivo y debía ser eliminado. Cualquier acto encaminado a proteger a la población judía era considerado un acto corrupto.

Ahora bien, debemos destacar que, como ya se mencionó, el derecho es el punto intermedio entre los dos extremos del poder. El derecho es el punto medio entre el despotismo y la anarquía. Un grupo de personas, suficientemente grande para imponer su voluntad, pero no demasiado para considerarse la voluntad soberana, sin embargo necesario para poder continuar con el engranaje económico, cultural, intelectual, etc., que involucra el Estado, es quien va a luchar por la existencia de normas que los protejan de actos que puedan dañar su integridad. V.g. supongamos que la voluntad soberana ha decidido legalizar la esclavitud; sin embargo llega un punto en que la cantidad de esclavos es considerablemente grande, entonces ellos empezarán a luchar por su propia dignidad humana, pues de cualquier manera son parte del Estado (sin importar la calidad jurídica que se les atribuya). Es en este punto cuando comenzamos a hablar de la justicia que debe revestir la ley y se dice que el contenido del derecho y su fin debe ser la justicia, pues los intereses y la dignidad de todas las personas debe ser protegida; ésta es la semilla de los Derechos Humanos, los menschenrechte con la extensión de la palabra que hicieron Radbruch y Kelsen.  La connotación que le damos a la palabra corrupción, ligándola a parámetros morales, deriva del pensamiento que se acaba de mencionar; actualmente se asocia la palabra corrupción con cualquier violación a Derechos Humanos, en sentido estricto (recht) cuando realmente la palabra corrupción se asocia con el sistema normativo (pues en éste se refleja la voluntad soberana). Solo si el sistema jurídico reconoce a los Derechos Humanos como parámetros de conducta, entonces se puede asociar la palabra corrupción con violaciones a esos derechos.
A manera de colofón se debe decir que es la voluntad soberana la que debe obedecerse, la que guía y orienta a la comunidad por medio de una visión de Estado, plasmada en un ordenamiento jurídico fundamental. Cualquier alteración a ese texto es un acto materialmente corrupto (siempre que no se tenga el consentimiento de la voluntad soberana), entonces un acto que vaya en contra del nuevo sistema normativo, aunque sea considerado formalmente corrupto, en realidad no lo será, siempre que este acto tenga como finalidad restaurar la voluntad soberana. Un sistema basado en los principios de los Derechos Humanos (podemos decir que todos los Estados miembros de la ONU, así como aquellos que han firmado y ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos u otros análogos), por el simple hecho de brindar la mayor protección a la persona, debe considerarse, tácitamente, que la voluntad soberana lo aprueba; entonces cualquier acto en contra de la protección a los Derechos Humanos sería un acto tan corrupto, como la violación a cualquier otro precepto legal que haya surgido de la voluntad soberana.

FUENTES DE INFORMACIÓN

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